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-  Laudo 37/12

LAUDO ARBITRAL

TERESA DÍAZ LÓPEZ, designada árbitro en acta de compromiso arbitral de fecha 13 de agosto de 2012, suscrita por D. GONZALO VARELA PORTEIRO en representación de la empresa GRUPO4S PROTECCIÓN Y CUSTODIA S.L, asesorado por D. Ma ARANZAZU URANGA MARIÑO y por la delgada de personal D. JEANETTE VARELA BARBEITO, asesorada por D. MIGUEL ANGEL MENDEZ SILVOSA, en representación del sindicato USO, en base a lo establecido en el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos de Trabajo (AGA), visto el expediente y oídas las alegaciones de las partes, dicta el presente

LAUDO

OBJETO DEL ARBITRAJE

El asunto sobre el que se solicita el arbitraje vine motivado por la propuesta de la empresa de inaplicación de determinadas condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad solicitándose por parte de la empresa un arbitraje en derecho.

ANTECEDENTES

La empresa Grupo4S Protección y Custodia, S.L., incluida en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas Privadas de Seguridad, en fecha 15 de junio de 2012, comunica la apertura formal de consultas en los términos establecidos en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 83 del convenio colectivo de aplicación, preceptiva para la tramitación de la propuesta de la empresa de inaplicación de las condiciones de trabajo presitas en el del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad publicado en el BOE en fecha d16.02.2011. La propuesta de la empresa viene motivada por la situación económica en que se encuentra que, después de haberse llegado a un acuerdo con su representación sindical el 27.12.2011, de congelar los importes salariales contemplados en la tabla del ejercicio 2011, persiste la evolución negativa de los resultados como consecuencia de la pérdida de un importante cliente, que suponía el 20% de su facturación y que ha provocado una grave situación de pérdidas. La empresa en el mayo 2012 pierde dos nuevos clientes, no en beneficio de otras empresas, que se hubieran podido subrogar al personal, sino por cancelación definitiva de los servicios de seguridad. Ello supuso la necesidad de recurrir a despidos con la obligación de pagar indemnizaciones, pérdida de facturación e impago de recibos devengados por parte de una de las empresas, que ha cancelado los servicios contratados por entrada en una fase de preconcurso. Todo lo cual ha supuesto una pérdida de liquidez en las cuentas de la empresa para hacer frente, ante todo, al pago de los salarios de los trabajadores.
En fecha 20.06.2012 se promueve solicitud de procedimiento de arbitraje ante la Fundación SIMA. Esta, en fecha 27.07.2012 se resuelve declararse incompetente en el asunto planteado, por tratarse de una empresa ubicada en la Comunidad Autónoma Gallega.
En fecha 02 de julio de 2012 se levanta acta de finalización de período de consultas sin acuerdo entre las partes.
Con fecha 08 de agosto de 2012 tiene entrada en el Consello Galego de Relacions Laborais (registro núm. 301) escrito de promoción del procedimiento de arbitraje, figurando como promotor D. Gonzalo Varela Porteiro, representante legal de Grupo4S Protección y Custodia S.L., en el que se establece como cuestión concreta sobre la que tendrá que versar el arbitraje: "Eliminación temporal de la paga de beneficios y de los pluses de transporte y vestuario"
Se establece en el escrito de promoción que el criterio de la decisión arbitral debe ser el de derecho.
D. Jeanette Varela Barbeito, como representante de los trabajadores, manifiesta la conformidad con el procedimiento planteado.
El Consello Galego de Relacions Laborais convoca a las partes, para el día 13 de agosto de 2012, a las 10 horas.
En la fecha señalada se celebró la reunión con el árbitro, una vez suscrito el compromiso arbitral y la designación del mismo. Las partes expusieron al árbitro sus posiciones y puntos de desacuerdo y formularon las alegaciones que estimaron convenientes, consistentes, sucintamente, en las siguientes:
Por parte de la empresa se describe la situación económica negativa que hace necesaria la reducción de costes. Alega que se han reducido gastos estructurales, se han renegociado pólizas de seguros. Se han reorganizado servicios para disminuir costes salariales. Se considera que necesitan buscar la viabilidad de la empresa, de hecho, están ampliando la actividad y servicios prestados a los clientes.
La representación de los trabajadores reconoce la existencia de las causas económicas, no cuestionando los motivos alegados por la empresa. Les consta que han perdido importantes clientes. Sin embargo, consideran que la mayoría de las empresas del sector se están descolgando del convenio colectivo y por parte de los sindicatos se plantean unos intereses globales de poner límites a esta situación.
La empresa remite por correo electrónico de fecha 13 de agosto la comunicación de un cliente (TABLICIA) de rescisión del acuerdo de prestación de servicios. Se remiten, igualmente, copias de recibos devueltos por el banco.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Habida cuenta de que se solicita, y así se expresa la conformidad, la emisión de un laudo conforme a derecho, para ello habrán de analizare las prescripciones de las normas aplicables a la cuestión sometida al arbitraje.
SEGUNDO.-La pretensión planteada por la empresa tiene acogimiento en lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 83 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, publicado en el BOE en fecha 16.02.2011, que hace una expresa remisión al anterior.
El artículo 83 del convenio colectivo, bajo la rúbrica "Inaplicación de tablas salariales", contempla que:
Teniendo en cuenta las modificaciones de la Ley 35/2007, sobre los artículos 82.3 y 85.3.c), así como del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el régimen de inaplicación salarial y modificaciones sustanciales de las condiciones colectivas de trabajo, se realizará de acuerdo con los siguientes términos:
A) Inaplicación de tablas salariales.
Los porcentajes de incremento salarial establecidos en este convenio no serán de necesaria u obligada aplicación para aquellas empresas cuando concurran las circunstancias o causas que justifiquen el descuelgue previsto en el artículo 82.3 del E.T.
En estos casos, las empresas trasladarán a la representación legal de los trabajadores las causas que motivan la inaplicación de las mismas, abriéndose un periodo de consultas de 15 días naturales. Para valorar esta situación se tendrán en cuenta las circunstancias previstas en la legislación vigente.
A la solicitud de inaplicación de Tablas se deberá acompañar los documentos objetivos que acrediten la realidad de la causa expresada en el párrafo anterior, adjuntando Informes de auditores o Censores de Cuentas, Balances, cuenta de resultados, así corno cualquier otro documento que considere oportuno el solicitante, reservándose la representación legal de los trabajadores la facultad de solicitar la documentación e información adicional que estime pertinente, con
carácter previo a resolver la inaplicación a la que se refiere el párrafo siguiente.
La representación legal de los trabajadores de la empresa, constatadas las circunstancias objetivas aducidas, podrá manifestar su conformidad, que requerirá el acuerdo de la mayoría de la misma o de dichos representantes dentro del plazo máximo indicado de 15 días, con la inaplicación temporal de las tablas fijándose en el acuerdo una programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en este Convenio Colectivo, sin que en ningún caso dicha inaplicación pueda superar el periodo de vigencia del Convenio ni, como máximo los 3 años de duración. Copia del acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo en el plazo de 5 días desde la fecha del acuerdo para su plena eficacia.
En caso de desacuerdo, el resultado deberá ser notificado a la Comisión Paritaria Nacional del Convenio en el plazo de cinco días siguientes a haberse producido el mismo, acompañando la documentación unida al expediente, pudiendo esta recabar la documentación complementaria que estime oportuna, y una vez recibida ésta, se pronunciará en un plazo no superior a veinte días naturales debiendo de tomar el acuerdo por mayoría de sus miembros, presentes o representados, aprobando la decisión empresarial cuando concurran las causas alegadas por la empresa o desaprobándola en caso contrario. En caso de desacuerdo, las partes se comprometen a acudir a los mecanismos de solución extrajudiciales previstos en el ASEC IV, en tanto no se suscriban los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal previstos para estos casos en el artículo 82.3 y 83 del Estatuto de los Trabajadores.
TERCERO.- La cuestión sometida a arbitraje se concreta en la pretensión de la empresa de "Inaplicación de determinadas condiciones salariales del convenio colectivo en orden a la búsqueda de liquidez para posibilitar la viabilidad financiera inmediata de la empresa, y más concretamente el pago de las próximas nóminas de los trabajadores". Se avala la pretensión en la circunstancia de la pérdida de dos importantes clientes: Maderas Besteiro y Tablicia. Este hecho supone una detracción de ingresos muy importante con unos mismos costes, derivados de los gastos de personal (que suponen el 90% de los costes).
La pérdida de los clientes indicados es reconocida por la parte social. Se acredita devolución por parte del banco de recibos girados a una de las empresas que rescindió el contrato de servicios de vigilancia.
En cuanto a la documentación económica aportada por la empresa con la solicitud de arbitraje:
En el balance del año 2011 se observa un resultado negativo por importe de 48.071,97.
En el balance de situación para el Ejercicio 2012 se refleja un resultado negativo de 99.910,27.
Ante la situación económica negativa de pérdidas actuales y la disminución persistente de su nivel de ingresos, que son causas previstas en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores para la procedencia de adopción de la medida propuesta, la empresa ha reorganizado la distribución del personal. Se pretende proponer a los clientes nuevas actividades y servicios complementarios a los se prestan de vigilancia.
Asimismo, con las medidas presentadas pretende reducir los costes salariales desde la fecha de efectos del Laudo hasta diciembre de 2012, período por el que se solicita la inaplicación de la PAGA DE BENEFICIOS Y DE LOS PLUSES DE TRANSPORTE Y VESTUARIO. El ahorro total se ha cuantificado en la Opción b) propuesta por la empresa a la representación de los trabajadores y que desde el 7/7/2012 al 31/12/2012 había cuantificado en un ahorro de 24.312,72 €. Esta cuantía vendrá minorada por el retraso de la entrada en vigor de las medidas planteadas.
La empresa manifiesta que, de este modo, se pretende poder presentar al banco un plan de viabilidad para la renovación de la póliza. Todo ello en aras a conseguir la supervivencia de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo. CUARTO.-Del examen de la documentación presentada y de la información practicada en la comparecencia ante el árbitro se extraen las siguientes conclusiones:
1.-. La empresa ha documentado y justificado la existencia de pérdidas económicas. Este hecho obliga a la adopción de medidas, en aras a su viabilidad y mantenimiento de los puestos de trabajo
2.-La opción propuesta por la empresa, dentro de las dos presentadas, es la menos perjudicial para los trabajadores. Se trata de una medida temporal cuya vigencia se extenderá a los conceptos salariales afectados desde el 01.08.2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.
Por todas las consideraciones apuntadas dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Procede la adopción de las medidas propuestas por la empresa de inaplicación de determinadas condiciones salariales del Convenio Colectivo, concretadas en ELIMINACIÓN TEMPORAL DE LA PAGA DE BENEFICIOS Y DE LOS PLUSES DE TRANSPORTE Y VESTUARIO, medidas que se aplicarán desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del 2012, sin perjuicio de que, en base a las condiciones existentes en ese momento, se proceda, si es necesario, a la apertura de nuevas consultas con la representación de los trabajadores.
El presente Laudo podrá ser impugnado ante la Jurisdicción Social de acuerdo con el punto 5 del artículo 24 del Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos De Trabajo.

Dado en A Coruña 17 de agosto de 2012

EL ÁRBITRO

Teresa Díaz López